Poder lejos de casa y aranceles
Israel se adentra en Siria, EE. UU. refuerza Diego García y Trump lanza aranceles “recíprocos”: tres estrategias distintas para proyectar poder en un orden internacional cada vez más inestable.
Israel se adentra en Siria, EE. UU. refuerza Diego García y Trump lanza aranceles “recíprocos”: tres estrategias distintas para proyectar poder en un orden internacional cada vez más inestable.
Hoy os hablamos de dos potencias aliadas que están intensificando su proyección militar en fuera de sus fronteras:
Desde la caída de Bashar al-Asad en diciembre, Israel lanzó cientos de bombardeos, cruzó la Línea Alfa y avanzó hasta 12 km dentro de Siria. En ese corredor ahora ocupado, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han instalado posiciones de avanzada para monitorear las actividades a lo largo de la frontera que representen una amenaza para su seguridad.
La narrativa oficial del gobierno israelí justifica esta expansión como una respuesta preventiva ante el establecimiento de fuerzas hostiles cerca de sus asentamientos:
En Siria, las IDF permanecerán en la cima del monte Herman y en la “zona tapón” [custodiada por las Naciones Unidas] por tiempo indefinido para proteger nuestros asentamientos y prevenir cualquier amenaza. No permitiremos que fuerzas del HTS o del nuevo Ejército sirio entren en zonas al sur de Damasco. Exigimos la desmilitarización completa del sur de Siria. (Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, el 23 de febrero de 2025)
Los temores israelíes en Siria
Israel contempla con creciente inquietud la nueva configuración del poder en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Asad. Sus preocupaciones estratégicas son múltiples y se articulan en tres ejes: Irán, el nuevo gobierno sirio liderado por HTS y Turquía.
En primer lugar, persiste el temor a que Irán intente reconstituir sus redes logísticas y militares en Siria. Aunque Teherán ha perdido buena parte de su infraestructura tras los bombardeos israelíes, sigue siendo un actor resiliente con experiencia en operar en contextos fragmentados. Para Israel, la posibilidad de que el sur de Siria vuelva a convertirse en un corredor operativo hacia Líbano y Hezbollah representa una línea roja.
En segundo lugar, preocupa la naturaleza ambigua del nuevo poder en Damasco. HTS ha moderado su discurso y trata de proyectarse como un actor racional y nacionalista, pero Israel teme que esta fachada oculte una deriva islamista que acabe acogiendo a actores hostiles como Hamás, Hezbollah o incluso células residuales del ISIS. La incertidumbre sobre la política exterior del nuevo gobierno –y especialmente sobre su posición hacia Israel– alimenta los escenarios de riesgo en Tel Aviv.
Por último, Turquía emerge como un actor especialmente volátil. Aunque oficialmente coopera con Occidente en la estabilización del norte sirio, bajo la cobertura de la lucha contra el PKK y sus reproducciones sirias y con la excusa de entrenar y apoyar al nuevo ejército sirio, Ankara prevé permanecer en el territorio. La realidad es que Ankara se está aprovechando de la situación para hacer avanzar la agenda de restauración de su influencia en el mundo musulmán. Siria podría convertirse así en un conveniente satélite.
Ante este escenario, Israel no quiere limitarse a reaccionar y está tratando de evitar convertirse en un actor pasivo en un entorno cada vez más incierto y disputado.
Además de aumentar su penetración en el sur de Siria, Israel ha intensificado su aproximación hacia la comunidad drusa. Aprovechando su división, ha lanzado una ofensiva simbólica, diplomática y económica para ganárselos. Pero, ¿está protegiéndola o instrumentalizándola?
Seduciendo a los drusos
A inicios de mes aprobó un plan de desarollo socioeconómico enfocado en las comunidades drusa y circasiana en los Altos del Golán, Galilea y Monte Carmelo. Con una inversión total de 6.500 millones de shekels (unos 1.700 millones de euros) a 5 años, el plan prevé:
Poco después, el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que el país judío permitiría el ingreso de trabajadores drusos sirios al Golán ocupado, principalmente para trabajar en agricultura y construcción. La medida no se ha concretado por la supuesta oposición de parte del Ejército israelí, que teme una escalada con el nuevo gobierno sirio
También recientemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores mandó 10.000 paquetes de ayuda humanitaria a las comunidades drusas en Siria, la mayoría de ellas en la gobernación de As-Suwayda, en el suroeste del país.
Y, en el plano más simbólico, una delegación de varias decenas de líderes religiosos drusos sirios visitó Israel a mediados de marzo, en un viaje coordinado por el sheikh Mowafaq Tarif, máxima autoridad drusa en Israel. Fue la primera visita de este tipo en más de cincuenta años, presentada como un acto religioso pero cargada de implicaciones políticas.
No está saliendo bien
Pese a los esfuerzos israelíes por presentarse como aliado y protector de la comunidad drusa en Siria, la respuesta sobre el terreno ha sido, en general, de escepticismo y rechazo.
Aunque muchos drusos desconfían abiertamente del nuevo gobierno sirio —al que acusan de ser sectario, autoritario y dependiente de HTS—, eso no significa que estén dispuestos a aceptar la tutela de Tel Aviv. Al contrario: la defensa de su autonomía frente a Damasco va acompañada de un rechazo firme a cualquier intento de instrumentalización externa, incluida la israelí.
En diciembre, el jeque Hikmat al-Hijri —máxima autoridad espiritual drusa en Siria— condenó la ocupación israelí del sur del país y acusó a Israel de querer dividir Siria aprovechando el caos. Sin embargo, él mismo ha sido objeto de acusaciones de mantener una relación ambigua con Israel y su imagen ha aparecido en pancartas junto a la del líder druso-israelí Muwaffaq Tarif, a modo de denuncia.
Incluso el surgimiento del Consejo Militar de Suwayda, que incluye a figuras con posturas más abiertas hacia Israel (como Majed Najem Abu Ras), ha aclarado que su objetivo es integrarse en un futuro ejército nacional sirio, no alinearse con potencias extranjeras.
Además, en marzo, la aparición de banderas israelíes en una protesta en Suwayda fue respondida con su quema inmediata por los propios manifestantes.
Estados Unidos ha desplegado hasta seis bombarderos B-2 Spirit, que representan prácticamente un tercio de su flota total de bombarderos furtivos, en la base militar de Diego García. Así lo han captado imágenes satelitales publicadas por la agencia Associated Press News.
Diego García es una base militar conjunta, entre Estados Unidos y el Reino Unido, situada en el Océano Índico. Esta base se encuentra a distancia de ataque tanto de las posiciones hutíes en Yemén (a unos 3.000 kilómetros) como de Irán (a menos de 4.000 kilómetros de costas y a menos de 8.000 kilómetros de Teherán).
Este despliegue coincide con una nueva escalada de tensiones en Oriente Medio. Desde mediados de marzo, Estados Unidos ha intensificado sus ataques a los hutíes en Yemen, y ha amenazado públicamente a Irán para que llegue a un nuevo acuerdo nuclear.
Según ha reportado el periódico británico The Telegraph, en Teherán se han tomado este despliegue muy mal. Oficiales iraníes habrían advertido de que si son atacados desde la base de Diego García, la atacarán de vuelta. En el caso de Irán la amenaza suena menos realista, pues la base se sitúa fuera del alcance de sus misiles balísticos.
Una cuestión de soberanía
Paradójicamente, este despliegue se produce justo después de que el Reino Unido anunciara un acuerdo para ceder la soberanía del archipiélago Chagos a Mauricio. Aunque el tratado definitivo aún está en negociación, ambas partes se han comprometido a:
(...) garantizar el funcionamiento a largo plazo, seguro y eficaz de la base existente en Diego García, que desempeña un papel vital en la seguridad regional y mundial. Durante un período inicial de 99 años, el Reino Unido estará autorizado a ejercer, con respecto a Diego García, los derechos y la autoridad de soberanía de Mauricio necesarios para garantizar la continuidad del funcionamiento de la base hasta bien entrado el próximo siglo.
Aunque oficialmente compartida, Diego García se ha convertido en un pilar de la proyección de poder estadounidense en el océano Índico, Oriente Medio, África Oriental y Asia Meridional. Es la base que permite a Estados Unidos actuar rápidamente en múltiples teatros sin depender de terceros.
Con el statu quo previo esto se había vuelto más complicado. La administración británica del archipiélago había quedado debilitada legal y políticamente. En 2019, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el Reino Unido ocupaba ilegalmente el archipiélago y debía retirarse “lo antes posible”. La Asamblea General de la ONU respaldó esa resolución. En 2022, Mauricio izó su bandera en las islas Chagos sin que Londres reaccionara. Todo ello ponía en entredicho la capacidad del Reino Unido para garantizar la operatividad legal y segura de la base.
Diego García: más vital que nunca
La base militar de Diego García ha cobrado aún más relevancia estratégica tras el principio de acuerdo entre el Reino Unido y Mauricio para la transferencia de soberanía del archipiélago de Chagos. Aunque se trata de una instalación conjunta entre el Reino Unido y Estados Unidos, Washington no ha participado directamente en las negociaciones. Sin embargo, según diversas fuentes, Donald Trump habría dado su visto bueno al acuerdo durante una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, en febrero de 2025, despejando así cualquier posible objeción por parte de EE. UU.
🚨 BREAKING: Donald Trump has signed off on the UK’s deal to hand the Chagos Islands to Mauritius.
— The Telegraph (@Telegraph) April 1, 2025
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Imagen: Cuenta en X de The Telegraph
¿Por qué? Porque a Washington no le importa quién ostenta la soberanía de jure sobre Chagos, siempre que pueda seguir utilizando Diego García sin obstáculos legales ni incertidumbres diplomáticas. El acuerdo ofrece precisamente eso: evita litigios internacionales (como los iniciados tras el fallo de la CIJ de 2019), estabiliza la situación jurídica de la base y garantiza su operatividad a largo plazo.
De hecho, todo apunta a que el mayor perjudicado es el Reino Unido. La oposición conservadora lleva tiempo criticando la decisión, especialmente por la posible cercanía estratégica entre Mauricio y China. Además, todo indica que Londres ha desaprovechado la oportunidad de utilizar el acuerdo como palanca en otras negociaciones con Washington, como un eventual tratado de libre comercio o una mejora en materia arancelaria. Ni siquiera ha sabido presentar el respaldo estadounidense como un logro diplomático.
Los aranceles masivos y generalizados a las importaciones de “aliados” y “rivales” comerciales ya están aquí. Esta semana, la Administración Trump ha presentado lo que denomina “aranceles recíprocos”: una política de supuesta reciprocidad arancelaria cuyo objetivo declarado es sentar unas bases más justas para el intercambio comercial, forzar ciertos cambios en la política económica de otros Estados y aumentar la recaudación fiscal estadounidense (o al menos, eso sostiene la Casa Blanca).
El núcleo de la propuesta parece simple: gravar todas las importaciones procedentes de países con los que Estados Unidos mantiene un déficit comercial —es decir, cuando importa más bienes de esos países de los que les exporta. Pero ni el déficit comercial es un indicador válido de “injusticia”, ni los cálculos utilizados para justificar estos aranceles parecen muy sofisticados. Por otro lado, no parece ser una política que vaya a establecer los incentivos adecuados para el intercambio comercial entre países.
La idea de establecer aranceles recíprocos parte de un diagnóstico tan simplista como discutible: que un déficit comercial bilateral implica una pérdida neta para el país deficitario, o que refleja una relación comercial desequilibrada y perjudicial. Sin embargo, los déficits comerciales también responden a patrones estructurales de consumo, inversión, especialización productiva y posición relativa en las cadenas de valor globales. Por ejemplo, EE. UU. puede registrar un déficit comercial con un país porque importa bienes que no produce localmente, mientras exporta servicios financieros, tecnológicos o creativos a través de otros canales. En términos agregados, estos déficits no implican manipulación ni explotación, sino interdependencia.
Según lo comunicado por la propia Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR), el cálculo de estos nuevos aranceles no se basa en los aranceles reales que otros países imponen a los productos estadounidenses, ni contempla en el cálculo el impacto económico de barreras no arancelarias. Se toma el déficit comercial bilateral y se divide por el valor total de las importaciones desde ese país, y se le aplica un porcentaje, estimando así el arancel necesario para “corregir” el desequilibrio. En algunos casos, se habla de dividir esa cifra “por dos”, en lo que Trump ha descrito como un gesto de “generosidad”.
Este enfoque presupone que los déficits comerciales son necesariamente el producto de restricciones impuestas por terceros y conduce a resultados absurdos: países con superávit comercial respecto a EE.UU. también son penalizados y países sin relevancia económica —pequeñas economías insulares del Caribe o del Pacífico—, reciben el mismo trato que importantes socios comerciales —como Japón o Corea del Sur—.
Otro de los problemas es la estructura de incentivos que esta situación genera. Imponer presión unilateral para forzar concesiones, sin ofrecer una salida creíble hacia la cooperación, lleva a que los demás actores adopten estrategias defensivas —por ejemplo, represalias arancelarias— que perpetúan un equilibrio subóptimo. En otras palabras, todos pierden, pero nadie quiere ser el primero en ceder, incluso si todos ganarían más con un acuerdo mutuo. Este es el clásico dilema del prisionero, llevado al terreno del comercio internacional.
La dinámica es especialmente preocupante en el caso de países vecinos o aliados estratégicos como México y Canadá, con los que EE. UU. mantiene una relación comercial profunda y compleja. La escalada arancelaria constante, sin marcos estables de resolución, socava las condiciones para una cooperación sostenida.
Aunque es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre los efectos que tendrá esta política en el comercio global, hay algo que parece evidente: lograr simultáneamente todos los objetivos que Trump dice perseguir —presionar a socios, aumentar ingresos fiscales y reindustrializar el país— es probablemente imposible. Las tensiones internas de la estrategia son difíciles de resolver: