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¿Son las grandes tecnológicas como Google o Meta las responsables del mal estado de los medios de comunicación? El gobierno canadiense piensa que sí, y para solucionarlo, han aprobado la Online News Act. Te contamos todos los detalles.
El gobierno de Canadá considera que la mala situación de los medios de comunicación en el país se debe, en gran medida, a que empresas como Google y Meta contribuyen a que los usuarios acudan cada vez menos a los medios y cada vez más a sus plataformas. De esta forma, estas grandes multinacionales se estarían beneficiando (injustamente) del contenido de las noticias que se comparten. Se trata de un sector que ha sufrido el cierre de 60 empresas en los últimos dos años.
En un intento por revertir esta situación, Canadá ha aprobado una nueva ley que entrará en vigor, cuando estén listos los reglamentos necesarios, a mediados del año próximo. Estamos hablando de la Online News Act. Esta ley establece un marco negociador destinado a ayudar a los medios nacionales a obtener una “compensación justa” cuando su contenido esté disponible a través de las grandes plataformas digitales y genere beneficios económicos.
El gobierno estima que esta ley podría suponer una inyección de unos 329 millones de dólares, pero con la reacción de Google y Meta no está tan claro que vaya a ser así.
La respuesta de los dos gigantes tecnológicos estadounidenses ha sido contundente: tras criticar que la ley pretende ser un “impuesto a los enlaces” encubierto, anunciaron que los canadienses no van a poder acceder a los enlaces de noticias de medios de comunicación nacionales desde su país ni en Google, ni en Facebook, ni tampoco en Instagram.
Unfortunately, we've made the difficult decision that when Bill C-18 takes effect, we will remove Canadian news links from our Search, News and Discover products. https://t.co/ilWrF1uRuS pic.twitter.com/wMdoignNlC
— Google Canada (@googlecanada) June 29, 2023
“Ya pagamos para apoyar al periodismo canadiense a través de nuestros programas y asociaciones, y hemos dejado claro que estamos dispuestos a hacer más. Como parte de nuestro programa Google News Showcase, hemos negociado acuerdos que cubren más de 150 publicaciones de noticias en todo Canadá.” (Kent Walker, Presidente de Asuntos Globales, Google y Alphabet)
Esta decisión, que en el caso de Meta no es nueva (ya se tomó antes en Australia), manda un mensaje muy claro al resto de países que estén pensando en adoptar alguna legislación similar. El estado de California en Estados Unidos o Nueva Zelanda, por ejemplo, lo estaban estudiando. Por eso, estas grandes multinacionales saben que si no se oponen a este tipo de legislaciones, es muy probable que empiecen a proliferar rápidamente en otros lugares sin siquiera dejarles margen para negociar.
Esta ley parte de una premisa discutible. Es discutible que sea injusto que las plataformas digitales se beneficien del contenido de los medios de comunicación cuando les generan un tráfico directo. No solo eso, la realidad es que los editores de noticias buscan activamente maximizar su presencia en buscadores como Google y también en las redes sociales porque, les guste o no, ahí es donde muchos usuarios encuentran y acceden a sus noticias. Además, en el caso de las redes sociales, ni siquiera se trata de un contenido publicado directamente por sus dueños, sino por los propios usuarios desde sus perfiles particulares.
Si tenemos en cuenta que el 32,2% de las visitas recibidas por CBC.ca, el periódico digital de la emisora pública de radio y televisión canadiense, en julio, procedió de Google y Facebook, no parece que la decisión tomada por estas plataformas digitales sea una buena noticia para el periodismo canadiense. De hecho, las agrupaciones y organizaciones representativas de medios están tan preocupadas que han recurrido a la oficina de la competencia del país para que investigue las supuestas actitudes anticompetitivas de estas empresas, aunque de momento este organismo no se ha pronunciado.
Asimismo, una legislación de estas características refuerza, todavía más, la servidumbre de los medios de comunicación al gobierno y, aunque parezca paradójico, también al poder de las empresas tecnológicas, que pasarán a ser los grandes financiadores del periodismo canadiense si se cumple lo que pretende la ley, comprometiendo potencialmente con ello la libertad de prensa.
