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Los militares en Venezuela controlan ministerios clave y empresas estratégicas, siendo esenciales para mantener a Maduro en el poder. Descubre cómo Chávez inició la fusión entre las Fuerzas Armadas y la política civil.
En Venezuela, los militares son la pieza fundamental que explica por qué Nicolás Maduro permanece en el poder.
Ocupan puestos importantes en el gobierno y cargos que deberían estar ocupados por civiles, controlan empresas, son muy jerárquicos y su mando está unificado y centralizado por el ministerio de Defensa. Además, la oposición al gobierno es muy perseguida y castigada. Sin embargo, la influencia militar en el gobierno no es un fenómeno reciente, sino el resultado de una estrategia iniciada por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro durante los últimos años. En este número de NotNews os contamos cómo se ha producido.
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En respuesta a los golpes de estado militares y los gobiernos liderados o apoyados por el ejército que caracterizaron la historia reciente de Venezuela, los principales partidos del país llegaron a un pacto en 1958, el Pacto de Puntofijo. Este excluyó explícitamente a los militares con la clara pretensión de seguir la vía adoptada por muchos otros países: reducir la huella de los militares en la política y mantenerlos sujetos al control civil. Sin embargo, para evitar que los militares se sintieran completamente marginados y tuvieran la tentación de usurpar el poder establecieron la regla no escrita de que la persona al frente del Ministerio de Defensa fuese un militar. Esta norma ha sido tremendamente útil para las aspiraciones de Chávez y Maduro.
La llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 profundizó la introducción de los militares en la política del país y la politización su papel. Este ex militar, partícipe de un golpe de Estado unos años antes, era firme creyente de la “unión cívico-militar”, que suponía una integración profunda entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil de tal forma que la separación fuera casi irreconocible. El objetivo último: consolidar su Revolución Bolivariana a través de la sujeción de los militares a la ideología y el proyecto político revolucionario.
Este extracto de un discurso pronunciado por Hugo Chávez el 24 de junio de 2007, en un evento conmemorativo del 186° Aniversario de la Batalla de Carabobo, resume a la perfección su visión:
“(...) se sumerjan por decirlo así, en la masa popular y se confundan con esa masa organizada en los barrios de las grandes ciudades, en los campos, en las montañas para conducir operaciones de resistencia, eso indica que vamos avanzando de manera firme, ya no sólo en la conformación del nuevo pensamiento militar venezolano, sino también en la estructuración o en el diseño de la nueva estrategia militar venezolana, la guerra de todo el pueblo, Fuerza Armada y pueblo juntos, la unión, cívico-militar” (Hugo Chávez, ex presidente de la República Bolivariana de Venezuela)
Una fusión en varias fases
La unión cívico-militar de Chávez se desarrolló en varias fases:
Con la nueva Constitución de 1999 y las leyes orgánicas que aprobó a posteriori, el régimen chavista eliminó los mecanismos simbólicos e institucionales de control civil sobre los militares. Abrió la puerta a su implicación política redefiniendo su naturaleza: mientras que la Carta Magna anterior las definía como una “institución apolítica, obediente y no deliberante”, la nueva no hacía más que una escueta mención a la ausencia de “militancia política”. También en el plano de lo simbólico, más tarde introdujo la consigna “patria, socialismo o muerte” como nuevo saludo militar.
En el plano institucional, estableció la sujeción de los militares al gobierno designando al Presidente de la República como su mando supremo, y otorgándole el poder para escoger al Alto Mando Militar, una prerrogativa que antes era del legislativo.
También hizo realidad su sueño de involucrar a civiles en la estructura castrense, creando una milicia civil, la Reserva Nacional (que luego pasó a llamarse Milicia Nacional). Formada por civiles que habían realizado el servicio militar pero no estaban activos pero también por voluntarios que se incorporan a las unidades de reserva, tiene como objetivo armar a una población civil comprometida con la defensa del régimen.
“Entrenar, preparar y organizar al pueblo para la Defensa Integral, con el fin de complementar el nivel de apresto operacional de la FANB, contribuir al mantenimiento del orden interno, seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación, con el propósito de coadyuvar a la independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico de Venezuela” (Misión de la Milicia Bolivariana)
Según el propio gobierno, esta milicia civil contaba con más de 4,5 millones de miembros en 2020, sin embargo, se desconocen cifras exactas así como el grado de entrenamiento militar que realmente poseen.
Por último, Chávez también amplió las prerrogativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a la participación en el desarrollo nacional y el mantenimiento del orden interior. Desde entonces, la integración de los militares en la economía nacional ha ido cada vez a más:
Maduro profundizó la confusión entre las Fuerzas Armadas y el poder civil, poniendo a la Policía Nacional Bolivariana, encargada de garantizar la seguridad interna, y que debería estar bajo la dirección de un civil, bajo el mando del ministerio del Interior, dirigido por un militar.
Además, aumentó la participación militar en el gobierno. Si durante los gobiernos de Chávez los militares tuvieron un rol importante en el Ejecutivo, con Maduro se ha multiplicado. Hoy éstos ocupan un 35% de las carteras ministeriales del gobierno venezolano, uno de los porcentajes más altos de la historia reciente del país.
Además, los militares no ocupan cualquier posición de gobierno sino que controlan carteras tan importantes como Defensa, Interior, Alimentación, Vivienda, Petróleo o Energía Eléctrica.
Maduro también ha hecho amplio uso de los militares para sofocar protestas y manifestaciones. Una resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa Nacional, aprobada el 25 de enero de 2015, señaló como atribuciones de la FANB el mantenimiento de la “paz pública” y recogió la posibilidad de hacer uso de armas de fuego para ello. Con el objetivo de perseguir la disidencia política creó en 2017 el Comando Antigolpe, otro ente híbrido, formado por militares y policías, dependiente del propio Maduro aunque presidido por el vicepresidente.
Y, como no podía ser de otra forma, ha continuado la política de purgas instaurada por su predecesor en el interior del ejército, recrudeciendo además el castigo a la disidencia militar. Un número importante de los venezolanos que el régimen ha apresado por razones políticas son militares. Según datos del Foro Penal, a 30 de junio de 2024, 149 de los 287 presos políticos venezolanos (más del 50%) eran militares.
Por otro lado, con Maduro la politización de los militares que se inició con Chávez ha quedado judicialmente avalada. En 2014, el TSJ controlado por el régimen señaló que:
“(...) la participación de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad”, sino que se trata de un “baluarte de participación democrática y protagónica que (...) representa el derecho que tiene todo ciudadano, en el cual un miembro militar en situación de actividad no está excluido de ello por concentrar su ciudadanía, de participar libremente en los asuntos políticos y en la formación, ejecución y control de la gestión pública”, y que “el ejercicio de este derecho se erige como un acto progresivo de consolidación de la unión cívico-militar” (Sentencia Nº 651 de la Sala Constitucional del TSJ)
Sin lugar a dudas, el intento de politizar la FANB ha dado sus frutos. Chávez y Maduro han conseguido invertir la tradicional vinculación entre ideología y confianza en las Fuerzas Armadas que impera en casi todo el mundo y en el resto de la región. En Venezuela, como en Bolivia y Nicaragua, son los ciudadanos y la opinión pública de izquierdas quienes más confianza tienen en los militares.
Pese a su falta de independencia, y aunque la confianza en las Fuerzas Armadas ha disminuido en los últimos años, sigue siendo más elevada que en otras instituciones como la policía o incluso el poder judicial:
Además, no sólo ha dado la dirección de importantes carteras ministeriales a los militares, sino que también ha aumentado su rol en la economía nacional a través de la proliferación de más empresas militares, una forma de premiar la lealtad al régimen. Maduro ha creado más de una decena de empresas militares desde que llegó al poder. Estas empresas, que dependen del Ministerio de Defensa, cubren todos los sectores estratégicos: la minería, la agricultura, la construcción, la logística y hasta las telecomunicaciones.
Entre ellas destaca CAMIMPEG, una empresa encargada de la explotación petrolífera. Por si no fuese suficiente con un militar al frente del Ministerio de Petróleo y la creación de una petrolera militar, en 2017, además, Maduro puso a un militar que se encontraba al frente del Ministerio de Vivienda a dirigir PDVSA. De esta manera el control militar de la mayor fuente de ingresos del país se ha vuelto casi absoluto. Y no sólo eso, sino que está fuera de cualquier tipo de mecanismo de control público, incluso en términos de transparencia.
Y, por si no fuese suficiente con las carteras ministeriales o las empresas, los militares también han sacado tajada de las “Zonas Económicas Especiales”, un proyecto impulsado por Maduro en los últimos años para tratar de hacer frente a la situación económica del país emulando a las ZEE chinas y de otros países asiáticos. Para hacerlas atractivas a la inversión, las ZEE cuentan con incentivos fiscales y aduaneros.
Maduro ya ha creado dos ZEE militares, esto es, en las que los miembros de la FANB no sólo proveen seguridad sino que también se encargan de su explotación económica a través de las empresas que dependen del Ministerio de Defensa. Se permite el desarrollo de actividades productivas manufactureras, agroindustriales, de desarrollo de alimentos y prestación de servicios logísticos con el objetivo de satisfacer las necesidades logísticas y de producción de la FANB. Por un lado, la ZEE Aragua, cuya administración está vinculada a la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM).
Y, por el otro, la ZEE de Desarrollo Forestal (Zeemdef) en Bolívar y Delta Amacuro (que ocupa parte del Arco Minero del Orinoco), gestionada por el Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección de Productos Forestales y Recursos Naturales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDESPROFORN).
Venezuela es el 8.º país con mayores reservas convencionales de gas natural. Ahora, los yacimientos de la "Franja Caribeña del Gas", de confirmarse, podrían colocarlo en la 4ª posición mundial. Además, espera comenzar pronto sus ventas a Europa. Repsol y ENI están trabajando en ello.
