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Ecuador se está enfrentando a una crisis masiva de seguridad. El estado está librando una guerra contra el narco. En NotNews te contamos qué está pasando y qué podemos esperar.
El nuevo año no ha empezado nada bien para el recién llegado Daniel Noboa a la presidencia del Ecuador. Como seguramente todos sabéis, la crisis de seguridad en la que lleva inmerso este país en los últimos dos años se está complicando todavía más.
El 7 de enero se anunció la fuga de Adolfo Macías, “Fito”, líder del grupo criminal Los Choneros, de la cárcel en la que estaba recluido. En respuesta, el presidente ecuatoriano decretó el estado de excepción por 60 días en todo el territorio nacional. El resultado es que las siguientes jornadas experimentaron una nueva explosión de violencia: secuestros a oficiales de policía, a los trabajadores de la cadena de televisión TC en pleno noticiero, y numerosos motines en diversos centros penitenciarios del país.
El crimen organizado nunca tuvo tanto protagonismo en Ecuador, de hecho, la integración del país andino en club de los países con más presencia del crimen organizado internacional es algo relativamente nuevo. Os lo contamos.
A finales del pasado siglo, las organizaciones criminales presentes en Ecuador eran más bien pequeñas, estaban poco estructuradas, tenían un marcado carácter local y una limitada integración en el circuito internacional. Por eso, el país no estaba acostumbrado a la violencia vinculada a las grandes guerras entre bandas por el poder o el acceso a las rutas del narcotráfico y el contrabando.
Inicialmente, las bandas locales actuaron como subcontratistas de grupos criminales más grandes de otros países de la región como Colombia o México. En esta línea, los Choneros era la banda por antonomasia del crimen organizado ecuatoriano, además de la más antigua y peligrosa.
No obstante, con el incremento de los movimientos de droga por el océano Pacífico, el asesinato del exlíder de Los Choneros en 2020 y las restricciones a la movilidad que tuvieron lugar durante la pandemia, se produjo un fraccionamiento de las bandas criminales y empezaron a surgir conflictos entre estas por el control de otras organizaciones más pequeñas, así como de los centros carcelarios del país o los puntos clave para el tráfico de drogas. Desde entonces, Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito para la cocaína a participar activamente en su cadena productiva junto con Colombia, al mismo tiempo que las bandas criminales han ido aumentando y consolidando su poder —la Policía Nacional de Ecuador tiene registrados unas 22 bandas criminales operando en todo el país. Por supuesto, la violencia no ha parado de crecer. Tanto es así que ha pasado de ser el décimo país más violento de América Latina a encontrarse entre los 4 primeros.
Entre 2016 y 2018 sus tasas de criminalidad estuvieron entre las más bajas de toda la región. Sin embargo, desde entonces las cosas han cambiado mucho y el año 2023 ha terminado, por ejemplo, con la cifra de homicidio más alta de las últimas décadas, 7,600 casos. Desde el año 2020, la tasa de homicidios en Ecuador se ha multiplicado casi por 7.
En Ecuador no solo ha aumentado la violencia, sino también su brutalidad. El 88% de todos los homicidios que se ejecutaron en este país fueron con armas de fuego, una cifra que hasta el momento rondaba el 60%.
En cuanto a las víctimas, los jóvenes se están llevando la mayor parte. Las personas de entre 20 y 29 años supusieron más de un tercio de todas las víctimas de homicidios del año pasado. Asimismo, también han aumentado los asesinatos de policías, jueces y fiscales, e incluso recientemente asistimos al asesinato a bocajarro, a plena luz del día y tras un acto de campaña, de Fernando Villavicencia, uno de los candidatos a presidencia ecuatoriana.
El auge del crimen organizado en Ecuador se ha producido especialmente en las cárceles del país, que están totalmente sobrecargadas. El hacinamiento en los centros penitenciarios y la falta de control policial por falta de medios facilita la proliferación de enfrentamientos entre pandillas y motines que muchas veces derivan en auténticas masacres. La violencia en las cárceles ecuatorianas es tal que desde febrero de 2021 se han producido más de 450 muertos en ellas.
Por si eso fuera poco, desde las cárceles, los líderes de las bandas coordinan las actividades ilícitas que sus miembros llevan a cabo tanto en el exterior y como en el interior de las prisiones. En este último caso el tráfico de sustancias ilegales ejercido en las propias prisiones es la actividad que más se repite porque es con mucha diferencia la más lucrativa. Se calcula que en cárceles como la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil, esta actividad junto a la extorsión y otros servicios ilicitos generan ganancias de hasta 70.00 dólares por semana y pabellón. Las prisiones se han convertido así en un importe centro de negocios para los grupos criminales. Las bandas que más segmentos de las prisiones ecuatorianas controlan son Los Choneros y Los Lobos.
Junto con la atomización de las bandas criminales, se ha producido también una especialización territorial de sus actividades, que se concentran especialmente en el norte y la costa oeste del país.
¿Qué está ocurriendo en Ecuador para que haya pasado de ser un país relativamente tranquilo respecto sus vecinos regionales a convertirse en un importante epicentro del narcotráfico y el crimen organizado?
Pues bien, más allá de los cambios que se han producido dentro de las bandas criminales ecuatorianas, y de la reorganización de sus actividades y del control territorial, hay varios aspectos que creemos pueden ayudarnos a comprender lo que está pasando en el país andino.
Tras el acuerdo de paz de 2016 firmado entre el gobierno colombiano y los representantes de las FARC, aquellas facciones que se negaron a firmarlos y otros grupos que fueron surgiendo trasladaron su actividad al suroeste del país, especialmente hacia aquellas zonas que limitan con Ecuador, y empezaron a usar este último país como vía salida para la cocaína y demás narcóticos ilegales. Primero lo hicieron a través del puerto de Esmeraldas y luego por Guayaquil, atravesando el país prácticamente de norte a sur.
Uno de los símbolos de la importancia que ha ganado Ecuador en el comercio internacional de la droga y su coordinación con las redes colombianas es la localización de un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína con capacidad para producir 2 toneladas al mes a tan solo 15 kilómetros de la frontera con Colombia.
La situación en las cárceles se ha vuelto insostenible. La saturación de los centros penitenciarios, que tienen más presos de los que pueden asumir y un número insuficiente de policías y funcionarios, las ha convertido en un polvorín difícil de controlar.
Las cárceles ecuatorianas tenían en diciembre de 2023 cerca de 3.700 presos más de su límite máximo (que ya es por sí mismo bastante "generoso"), esto supone un 13% de su capacidad, según el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). No obstante, no se trata de una situación nueva. En 2020 la sobrepoblación de las cárceles llegó a ser del 30%. Todo regado, además, con un número claramente insuficiente de funcionarios que en algunas ocasiones han tenido que hacerse cargo de casi 200 presos cada uno, muy lejos del estándar internacional de 1:10 que recomienda Naciones Unidas. ¿Qué provoca esta situación? El abuso de la prisión preventiva. Entre 2019 y 2022, 66.700 ecuatorianos fueron condenados a prisión preventiva y en julio de 2023 la presidencia del Gobierno señaló que había 5.000 presos que todavía estaban esperando una sentencia.
La Policía Nacional de Ecuador ha sido tradicionalmente una de las instituciones de orden público más respetadas y confiables de América Latina, pero desde hace unos años esa situación ha cambiado.
Los ecuatorianos tienen razones para no confiar en sus fuerzas de seguridad ya que junto con la justicia y el poder político, se han visto salpicadas por importantes escándalos de corrupción vinculados con el crimen organizado. El caso más relevante es la Operación Metástasis, cuya investigación se inició tras el asesinato de un narcotraficante en la prisión de Latacunga y que ha mostrado la enorme infiltración que el crimen organizado en diferentes estamentos del Estado, entre ellos el poder judicial y los órganos que se encargan de la seguridad del país. Hasta el momento esta operación se ha saldado con el arresto de alrededor de 30 personas, entre las cuales se encuentra el actual presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador - que es el órgano que se encarga del nombramiento de los jueces de la Corte Nacional y de los tribunales provinciales - o el ex director del SNAI.
En los últimos años, especialmente tras el estallido de la pandemia del coronavirus, la situación de los ecuatorianos ha sido y sigue siendo mala. La pobreza aumentó considerablemente con la pandemia y pese a que se produjo una ligera mejora a inicios de 2021, esta lleva creciendo desde 2022. Hoy por hoy la pobreza afecta a más de 1 de cada 4 ecuatorianos.
Lo mismo ha sucedido con el porcentaje de personas con un empleo que no permite atender a sus necesidades —subempleo— y también el porcentaje de los ecuatorianos que trabajan en el sector informal.
Éstos indicadores dan cuenta del empeoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, que les sitúa en una situación más vulnerable para la captación por las redes del crimen organizado.
Tras haber repasado la situación del crimen organizado en Ecuador, llega la incógnita final, ¿será Daniel Noboa capaz de reconducir la situación que no pudo reconducir su antecesor? ¿Se convertirá Noboa en el Bukele ecuatoriano? Vamos a intentar dar respuesta a ambas preguntas.
En primer lugar, lógicamente tenemos que ser precavidos, todavía es pronto para evaluar las medidas del presidente Daniel Noboa, que no lleva ni dos meses al frente del Ejecutivo nacional. Eso sí, las primeras medidas apuntan en dos direcciones: aumentar la vigilancia y la mano dura para mejorar la sensación de inseguridad y aumentar la capacidad carcelaria para rebajar la presión que sufren estos centros.
La primera medida tomada ha sido la misma que tantas veces tomó su antecesor: decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional, con la correspondiente suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio o la privacidad de la correspondencia dentro de las cárceles, así como un toque de queda de 6 horas y la movilización de las fuerzas armadas que se han desplegado por todo el país y también en los propios centros penitenciarios, con el objetivo de apoyar a los efectivos policiales.
También ha catalogado como organizaciones terroristas a 22 bandas criminales y ha ordenado a las fuerzas armadas su neutralización.
Por último, ha anunciado que exigirá la presentación del Certificado de Antecedentes Penales a aquellas personas que entren a Ecuador por las fronteras de Perú y Colombia mientras dure el estado de excepción. Sin embargo, esto puede no ser suficiente. Las fronteras son uno de los puntos débiles del país. Son espacios altamente permeables que facilitan el ingreso y la salida tanto de bienes ilícitos —drogas o armas, entre otros— como de criminales, y no están suficientemente vigiladas. Especialmente la frontera con Colombia, a través de la que se han ido introduciendo la industria del narco. Para reforzar el control de las fronteras va a necesitar una cooperación muy superior con sus vecinos Colombia y Perú, dos países nada exitosos ni en la lucha contra el crimen organizado ni tampoco en el control de sus propias fronteras.
Daniel Noboa, al igual que su antecesor, es consciente del enorme problema que supone la sobrepoblación del sistema penitenciario ecuatoriano. Es por ese motivo que prometió, en campaña, la construcción de 3 nuevas cárceles de máxima seguridad. Y ahora parece decidido a cumplir su promesa. De hecho, recientemente ha presentado el diseño que tendrán estos nuevos centros penitenciarios
También como forma de reducir la sobrepoblación en las cárceles, ha anunciado su intención de deportar a cientos de presos colombianos, venezolanos y peruanos, que son los tres grupos más representados entre los presos extranjeros en Ecuador.
Sin embargo, tanto en su discurso de toma de posesión como en los anuncios realizados en los últimos días, se echa en falta menciones y medidas contundentes contra la corrupción, especialmente de los organismos dedicados a la lucha contra el narcotráfico, las fuerzas del orden y la judicatura.
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